Lo fácil es apostar al caballo ganador.

En la vida, y también en la esfera de la gestión pública, resulta habitual apostar por el llamado “caballo ganador”. Es una conducta que responde, en muchos casos, a una lógica de supervivencia o conveniencia social. Observamos que a alguien le va bien en determinada actividad, y tratamos de replicar su modelo. Si alguien goza de popularidad o representa un caso de éxito, nos acercamos a él con la esperanza de que su imagen o influencia nos beneficie, especialmente en contextos como el político, donde la visibilidad pública se convierte en una herramienta de capital simbólico.

En el ámbito taurino, esta lógica no es ajena. Lo sencillo, lo cómodo —y hasta lo esperable— es apostar por aquel torero que está de moda, por el que cuenta con respaldo mediático, político o del propio sector. Sin embargo, lo verdaderamente valioso y complejo es respaldar al que no está en la primera línea, al que no genera titulares, al que no necesariamente puede ofrecer un rédito inmediato en términos de imagen o visibilidad pública.

Hablo desde la experiencia. Porque aunque muchas plazas de toros son gestionadas por empresas privadas, su explotación depende, en última instancia, de la Administración pública —ya sea municipal o provincial— que, a través de procedimientos administrativos regulados por los principios de legalidad, transparencia, concurrencia y objetividad, establece pliegos de condiciones para la adjudicación de dicha explotación.

Es cierto que la legislación en materia de contratación pública —concretamente la Ley de Contratos del Sector Público— no permite que se incluyan nombres concretos de toreros en los pliegos como condición, por ser una cláusula restrictiva de la competencia. Pero también es cierto que, en la práctica, mediante otros mecanismos, se puede incidir en quiénes forman —o no forman— parte de los carteles, sin necesidad de vulnerar formalmente la ley. En más de una ocasión he tenido conocimiento de decisiones, expresadas de forma verbal o indirecta, en las que se desestimaba mi inclusión en los festejos por el simple hecho de “torear poco”.

Por eso, valoro profundamente —y lo hago desde la honestidad— la actitud de personas como el empresario aragonés Carlos Sánchez, quien, dentro del marco legal, ha contado conmigo para formar parte de diversas ferias que ha organizado, priorizando el mérito y el compromiso antes que la conveniencia. Igualmente, reconozco la voluntad de ayuntamientos como los de Alcañiz y Barbastro, donde toreo el proximo 8 y 13 de septiembre, cuyos responsables han demostrado que se puede apostar por lo local, por lo modesto, sin renunciar a la calidad, y sin que ello implique desmerecer la categoría de sus festejos.

Acciones como estas, que valoran y dan importancia también a quienes trabajamos y triunfamos lejos de los focos de las grandes ferias taurinas —donde se escriben miles de titulares—, fortalecen la esperanza y refuerzan la convicción de que no todo el mundo sigue ciegamente al “caballo ganador”. A veces, también se reconoce el esfuerzo silencioso, la constancia y el mérito de quienes construimos nuestra trayectoria desde la base, con humildad y entrega.

Porque al final, la verdadera justicia no está en seguir al que más brilla, sino en dar oportunidades a quienes también luchan con dignidad por un espacio legítimo dentro del escalafón.